El día 6 de septiembre se promulgó la ley 20.053 que modifica a la N° 19.984 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Aquella ley tiene por fin hacer que las campañas sean más transparentes en cuanto a sus financiamientos, y además de poner un límite que evite los derroches en que caen los comandos de campañas en sus contiendas por el poder.
Mirando desde esa perspectiva a la ley pareciera ser una muy buena medida, pero si uno busca el fondo de aquella podemos ver como crea un anquilosamiento en nuestro sistema político que hace perdurar en el poder a los dos grandes bloques de nuestro país, la Alianza por Chile y la Concertación de Partidos por la Democracia. Como nos aclara el Abogado Mario Loguercio (perteneciente a la mesa directiva del PRSD) en la entrevista que este medio le realizó el 30 de septiembre. “Los sistemas actuales están basados en la libre competencia en el campo económico, sin embargo, en el campo político todo apunta a que no haya libre competencia. Las leyes electorales retribuyen dineros para los que están en el poder. Eso delata que no hay competencia, porque esas no desarrollan regeneración en los grupos políticos. De esa forma tú tienes a un diputado hace tres o cuatro periodos que sigue ahí mismo, es el mismo sistema que los ha mantenido ahí, y mas encima reciben financiamiento por esto. Y no cambia el sistema, y eso tiende a que se produzca un anquilosamiento que, a la larga, no favorece tampoco al sistema económico. Entonces ahí está la gran dicotomía que voy a destacar, es justamente esa, que en la base económica que hay, se supone que todo está regido por la libre competencia y no es así en el sistema político. Esa es la contradicción. Y dentro de eso fijan las leyes de gastos electorales que hacen que esto siga tal cual. Una ley que tiende a hacer conservadoras las cosas tiende a mantener el estatus, y eso no genera cambios, y en nuestro tema, esas leyes no van a generar un recambio en el sistema político.”
E inclusive la ley de gasto electoral, tanto la antigua como la recién puesta en vigencia ponen un límite del gasto de dinero para las distintas campañas de elecciones, pero pareciera ser que es algo absurdo porque es imposible de controlar fehacientemente. Está claro que en la campaña hay alguien que debe rendir las cuentas al SERVEL, pero, ¿alguien cree que dicho organismo va a tener fiscalizadores contando, cartel por cartel en la calle, para calcular si la cuenta rendida por el administrador de recursos de campaña es correcta? Y más aun, en la legislación ni siquiera estás claras las sanciones que se aplicarían en el caso de que algún comando de campaña no respetara los límites.
No sería difícil de dilucidar que los que podrían sobrepasar estos límites no son los independientes ni el Juntos Podemos Más, sino que los dos grandes. Y más encima cuando se realizó la elección se premia a los partidos (los que pudieron hacer más propanganda política ganan generalmente más votos) dando 0.03 UF por cada voto recibido en 1ª vuelta y 0.01 por cada voto recibido en 2ª vuelta, ¿adivinen quienes son los que llegan a segunda vuelta? Son siempre las mismas coaliciones. Se calcula que para estas eyecciones el Estado deberá desembolsar por lo menos $4.271 millones. Si hubiera segunda vuelta, se añadirán $1.424 millones a la suma.
La directora ejecutiva de la corporación participa opina de forma muy parecida, según sus declaraciones al Diario de Cooperativa, ella les declaró que: “el sistema de financiamiento público que afecta a los candidatos independientes, dado que reciben muy pocos recursos, lo que no permite que nuevas personas ingresen a la arena política y que se empiece a renovar el aire con candidatos nuevos”
A modo de síntesis por lo que se puede ver pareciera ser que la nueva ley es otro mecanismo más para preservar el sistema y a sus dirigentes, tanto de la Alianza como de la Concertación, y que como dijo el abogado Loguercio produce un anquilosamiento de nuestro sistema político.
PRC
